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Todo el rigor de la ley

Se viene utilizando mucho esta frase, u otras parecidas, generalmente en el contexto de un manifiesto rechazo a determinado hecho punible. El problema es que suele pronunciarla alguna autoridad, como diciendo “no se preocupen, que vamos a castigar tan fuerte este caso, que otros que se les ocurra hacer lo mismo, lo pensarán dos veces”… Bueno, a veces hasta viene acompañado textual de esa bajada, sin prestar lugar para ambigüedades. Y esto no está bien.

El reciente caso del asesinato de un “barrista” de Colo-Colo es ejemplar. Lo curioso, pero que lo hace aun más ejemplar, es que poco después de ocurrido el hecho, hay un sujeto que confiesa haber cometido el delito, entregándose. Pero, ¿qué pasó después? Mientras no es todavía formalizado, una jueza estipula que este sujeto no constituye un peligro para la sociedad, por lo que mientras vaya a comenzar su proceso, no se detiene “preventivamente” al hombre.

Y por ello caen las penas del infierno… “¿Cómo no va a ser peligro para la sociedad un asesino?”, “a los delincuentes se les da más garantías que a los inocentes y víctimas”, etc.

Quiero ser claro, yo no sé si ese hombre es culpable, y también me extraña que haya quedado sencillamente en libertad, en principio. Pero el hecho es que su sola confesión no es motivo suficiente para encarcelarlo, y menos para exponerlo públicamente como un delincuente asesino. Incluso, por alguna razón, hasta familiares de la víctima piensan que es extraño el caso, y que él pareciera estar encubriendo a alguien más. Incluso ellos, en medio de su dolor, toman una pausa antes de apuntarlo con el dedo. Pero “la opinión pública” no. Ya lo quieren colgado.

El rigor de la ley no es el rigor de cuando se dice “lo castigaré con rigor”, si no el que usamos cuando decimos “evaluaré su caso con rigor”, rigurosamente, es decir, con precisión. Y peor, el posterior anuncio de una reforma a la reforma, bajo el supuesto de que podemos separar a dos especies humanas ontológicamente diferentes (los delincuentes y los inocentes), sí que da escalofríos.

A veces nos olvidamos, pero la ley no tiene por qué ser dura, la ley tiene que ser justa. La ley opera bajo un modelo retroactivo, reparativo, asimilando muchas veces una suerte de venganza, pero esa es una falencia de la ley y no una virtud. Su retroactividad es sencillamente una falencia que aceptamos a cambio de mantener el axioma de “inocente hasta que se pruebe lo contrario”, no un instrumento para “hacer caer el peso” de la ley sobre quienes consideramos –muchas veces de manera apresurada- delincuentes.

Hoy, ya no importa si ese hombre realmente asesinó a otro hombre, porque para los ojos de todos, ya lo hizo. ¿Recuerdan el caso de aquel violador de Ñuñoa que resulta que no era violador? Seguramente solo se acuerdan de la primera parte de la pregunta… ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántos casos hay de personas que incluso gastaron decenas de años en prisión, antes de descubrirse su inocencia. ¿Quién repara ese daño, esa inmensa violencia? ¿Vale la pena buscar seguridad y “paz mental” social a costa de poder arruinarle la vida a una persona que no ha cometido un delito?

Yo creo que no. Yo quiero una ley rigurosa, una ley justa, no una ley que replique la típica escena de coliseo romano, donde los pulgares de la multitud deciden si una persona vive o muere.

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Texto originalmente publicado el domingo 14 de octubre en El Magallanes/La Prensa Austral.

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